La primera gran promesa que incumplen los candidatos una vez posesionados como presidentes es la de no hacer una reforma tributaria. Si la memoria no falla Juan Manuel Santos en las dos campañas prometió no hacerlo pero ahí está su ministro de Hacienda, igual a su antecesor de los primeros 4 años, defendiendo la necesidad de otra reforma de la que se dice de nuevo que es estructural.

Lo que manda a entender siempre que al Estado le falta plata, como el columnista de un periódico afirmaba en días pasados que el gobierno se está quedando ilíquido y por lo tanto como cualquier ciudadano dependiente del dinero ve próximo el día en el que al meter la mano al bolsillo no va a encontrar ni siquiera la moneda esa de 50 pesos que de lo pequeña que es termina siempre enredada en cualquier resquicio, sola sin valor real alguno.

Dice el señor en la fila de la EPS: pero si apenas uno prende la radio y lo primero que escucha como noticia es la que informa  que en esta y esa y aquella entidad del Gobierno nacional, departamental o municipal descubrieron el robo no de un millón sino de millones de millones de pesos: 22, 70, 900 y miles de millones de pesos por los cuales nadie responde y si agarran a uno o dos o tres: secretarios, directores, gerentes, alcaldes, funcionarios de alto, medio y bajo rango, de quienes solo se llega a saber hasta cuando fueron capturados, algunas veces condenados a pagar condena dentro de sus mismas mansiones,  aunque lo común es que anden por ahí celebrando su fechoría como si se hubieran ganado el baloto sin retención en la fuente.

Y claro, así con huecos por todos los lados ningún bolsillo es seguro menos los del Estado colombiano al cual no pasa un día sin que le aparezca un hoyo por lo que se vale preguntar ¿para qué y para quiénes tanta plata?

Carruseles, carteles, mafias, son palabras que no dejan de oírse aquí y allá donde el dinero de los impuestos es tomado para contratar, invertir o pagar. Servicios por los cuales muchos cobran la ganancia por lo nunca hecho. Desde simples subalternos hasta encumbrados profesionales, ya como empleados oficiales o como asociados de consorcios, cooperativas o fundaciones. Bandidos ante los cuales nada escapa de sus zarpas siempre listas a llevarse lo que encuentra en la salud, la educación, las obras de infraestructura, la seguridad a cargo de la fuerza pública, las pensiones y hasta los mismos impuestos recaudados, como sucedió con el IVA.

Parece ser que los sitios más inseguros en este país no se encuentran al aire libre, en la calle, sino al interior de las instituciones, pues lo estimado por la pérdida de recursos fiscales en el año es de 6 billones.

Para que se dimensione mejor el tamaño de esta cantidad se debe decir en nuestro idioma: 6 mil millones de pesos. Como ejemplo los recobros en el sector de la salud que sobrepasan en mucho la cifra de los 300 millones de pesos en un país donde la gente se muere en las puertas de los hospitales porque a estos siempre les falta dinero para atender sus necesidades.

En un Estado en el cual todo tiene un precio extra y nadie se escapa del soborno, el cuento con el cual se justificó la privatización de muchas de las empresas de obras y servicios, otrora a cargo de la administración pública, solo fue eso, porque la empresa privada ha dado clara muestra de ser el lado desde donde proviene la corrupción.

Los mismos empresarios lo han admitido en una reciente encuesta, el 13 por ciento del valor de un contrato tiene como destino la compra de los buenos oficios  ofrecidos por funcionarios oficiales con poder de decisión. Por lo tanto para cuadrar caja ¿qué hace el contratado por el Estado?

Ricardo Sarasty.