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El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y la representante a la Cámara de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, tres proposiciones ante la Comisión primera de Senado en la que solicitan sea eliminado el artículo 4 del Proyecto de Ley No. 180 que introduce modificaciones a la ley 418 de 1997 y que, según los parlamentarios, pondría en riesgo la posibilidad de adelantar diálogos de paz con grupos insurgentes y su desmovilización.

A esta hora, las Comisiones primeras de Senado y Cámara, sesionan para discutir la ampliación de esta Ley, conocida como la Ley de orden público, la cual ha servido como marco jurídico de algunos de los procesos de paz que ha adelantado el Estado en los últimos años.

Por lo anterior, organizaciones sociales, de víctimas y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, dirigieron una comunicación a los presidentes de las comisiones Primera de Senado y Cámara en la que manifiestan su “profunda preocupación”, en especial, sobre el artículo nuevo del Proyecto de Ley que consideran, “cierra las puertas a la solución política y pacífica del conflicto armado interno en Colombia”.

Por su parte el senador Iván Cepeda, dijo que este nuevo artículo restringe las posibilidades reales para adelantar procesos de negociación y genera unos condicionamientos que, hacen ver, que es imposible adelantar la negociación con el Eln y frustaría en el futuro, cualquier negociación de paz.

“Nos llama la atención que el presidente Duque diga ante la comunidad internacional que se está adelantando una política para implementar los acuerdos y en el Congreso, lo que hacen, es atacar de una manera sistemática los fundamentos del Acuerdo de Paz”, dijo Cepeda.

Advirtió que, condicionar los diálogos de paz, es poner en riesgo el desarrollo de los diálogos futuros entre el gobierno nacional y grupos armados insurgentes. “El diálogo, es la vía para obtener el cese definitivo de las hostilidades y llegar a los acuerdos” dijo el congresista.

Recordó, que todos los gobiernos han suscrito diálogos con grupos insurgentes sin ningún tipo de condiciones, habida cuenta que la experiencia en las negociaciones de paz, indica que las condiciones surgen precisamente en medio del diálogo.

“De esta manera considero que debe ser retirado el artículo nuevo que se propone para la modificación de la ley 418 de 1997 que comienza por el final, pone las condiciones del resultado”, dijo Cepeda.

Además, dicen los firmantes, “la grave situación humanitaria en los territorios de Colombia podría profundizarse; propuestas como el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, los Desminados Humanitarios de Nariño, el Cese Bilateral al Fuego, u otros acuerdos especiales humanitarios y/o mecanismos para poner en marcha obligaciones del DIH- no se podrían pactar, pues en principio requieren del diálogo entre las partes y con el artículo propuesto no sería posible”.

De otra parte, los congresistas solicitaron se eliminen las modificaciones introducidas a la ley 418, mediante las cuales se dota al Consejo de Seguridad Nacional de atribuciones para declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad y se le atribuye la facultad para determinar cuando se califica a una organización como grupo armado organizado al margen de la ley y cuando cumple las características de los grupos delictivos transnacionales, -condición que establece el proyecto de ley-, será requisito para que el gobierno pueda decidir si adelanta diálogos con estos grupos.

Estas modificaciones, consideran los congresistas, ponen en riesgo, la implementación de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Finalmente, llamaron la atención sobre cómo, de una parte se da la retórica a la comunidad internacional como prenda de garantía y mientra tanto en Colombia, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez hace el trabajo en el Congreso para acabar con el Acuerdo de Paz.

La última modificación a esta normativa fue en 2016, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos llamó al Congreso a modificar la ley para permitir que se pudieran crear zonas de ubicación temporal para facilitar el proceso de dejación de armas de las Farc.

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